COMENTARIO

Recomendación 2/2022 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Dr. Mauricio  Sarmiento

Conflictos de interés

22 de julio de 2022

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El 4 de enero de 2021 murió Jorge Alejandro López Rivas, de 29 años, médico interno en el Hospital General de Ecatepec "José María Rodríguez".[1] Esta noticia indignó al gremio médico y a la población en general. Recordemos que en aquellos días estábamos en una etapa crítica de la pandemia. El día 8 de enero de 2021 el periódico El Universal publicó una columna titulada El triste peregrinar por una cama de hospital, haciendo énfasis en la falta de espacio en los hospitales por la gran cantidad de casos de COVID-19 que se presentaban en el país.[2] En enero de 2021 los hospitales estaban saturados de pacientes con COVID-19 y el personal de salud se encontraba fatigado tras la lucha contra la enfermedad por casi un año.

Se piensa que el médico adquirió la infección cuando prestaba atención médica en el Servicio de Urgencias. Al parecer no se le habían otorgado las medidas de protección suficientes y adecuadas y aunque tenía síntomas sugestivos de la enfermedad, las autoridades del hospital lo obligaron a seguir trabajando. Su hermana comentó en una entrevista que al médico le dijeron que no comprara falsos diagnósticos y se dedicara a cumplir sus obligaciones.[1] Días después, derivado del cuadro de COVID-19, lamentablemente Jorge murió.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México conoció del asunto y en julio de 2022 emitió la Recomendación 2/2022.

Esta recomendación me parece importante porque no solo establece que se violaron diversos derechos de Jorge, también nos da un panorama amplio de la manera en que los médicos en formación vivieron la pandemia en México. La comisión no solamente hace un análisis detallado de los hechos ocurridos en el caso particular, también trata de poner en contexto la tragedia sucedida en el Hospital General de Ecatepec y que no es un evento aislado; en muchas partes del país e incluso del mundo, los médicos en formación tuvieron que trabajar sin el equipo necesario, sin asesoría adecuada y bajo malas condiciones.

El de Jorge es un caso en extremo trágico, ya que culminó con su muerte, pero es importante que se estudie este tipo de recomendaciones para adoptar un marco jurídico y protocolos de actuación para los médicos en formación. Esta no será la última epidemia, por lo que debemos prepararnos. No es posible que la atención de estos pacientes siga recayendo en los médicos en formación; ellos tienen que participar de la atención, pero primero deben de contar con las medidas de seguridad necesaria y la asesoría permanente de los médicos adscritos.

En la recomendación, la comisión estatal hace un listado de las guías que habían sido emitidas por el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) con relación a la COVID-19. La primera de ellas hace relación a un oficio del 19 de marzo de 2020 enfocado a directores de hospitales y jefes de jurisdicción sanitaria en donde se ordenaba, entre otras cosas, que los médicos internos de pregrado no podían permanecer en áreas de riesgo para COVID-19.

Es importante que estudiemos este caso para que no se vuelva a repetir.

A Jorge le correspondía rotar en noviembre-diciembre en el área de urgencias, sitio en donde se presume se contagió de COVID-19, pero por las guías antes expuestas lo tendrían que haber reubicado, además de que se le debía dotar de insumos y equipo de protección necesarios.

Según lo establecido en la recomendación, a los internos se les daban de dos a cinco mascarillas, un par de caretas y de uno a cuatro litros de gel de manera mensual, material que era de mala calidad, por lo cual los internos tenían que comprar material por fuera para poder atender a los pacientes. La comisión menciona esto con relación al caso de Jorge, pero gran parte del personal de salud en el país tuvo que comprar material de protección debido a que las instituciones no les proporcionaban lo necesario.

El 13 de diciembre el médico comenzó con síntomas que lo llevaron a acudir a urgencias dos días después, en donde se le diagnosticó una infección de vías respiratorias, a descartar SARS-COV-2, pero a pesar de tener saturación de 91%, síntomas respiratorios, taquicardia de 103 latidos por minuto y exposición a pacientes con COVID-19, se le envió a su casa para regresar a trabajar al hospital el día 18 de diciembre debido a que su "incapacidad" había vencido.

Ese día se le volvió a valorar y lo encontraron con dificultad respiratoria, dolor torácico, fiebre moderada, tos, mialgias, artralgias, debilidad y fatiga. Jorge se retiró del hospital por su propia voluntad, ya que no le iban a brindar más tratamiento y lo más seguro era que lo regresaran a trabajar.

Su familia lo llevó con un médico particular que corroboró el diagnóstico de infección de vías respiratorias y la última vez que Jorge regresó a su hospital fue el 4 de enero de 2021, en donde muere en el área de urgencias.

La tragedia no termina ahí: el padre de Jorge, quien le brindó atención en su domicilio, murió de COVID-19 el 7 de febrero de 2021. ¿Por qué en el hospital no aislaron a Jorge? ¿Por qué lo dieron de alta? ¿Por qué solo le dieron tres días de incapacidad? ¿Por qué no le dieron su resultado de positividad a SARS-CoV-2 de manera inmediata? En el hospital se cometieron varias omisiones que tuvieron un desenlace fatal. Es importante que estudiemos este caso para que no se vuelva a repetir.

La comisión determinó que la institución responsable deberá velar porque se lleven a cabo medidas de reparación del daño, compensación y rehabilitación de las víctimas, que en este caso es el núcleo familiar de Jorge.

Esta es una recomendación que vale la pena leer y estudiar. Las muertes de Jorge y su padre deben conocerse para evitar que lo mismo se repita en otros hospitales. Que sus muertes no sean en vano, que podamos mejorar nuestros protocolos de atención, se modifique el marco jurídico de los médicos en formación y las autoridades aprendan a respetar los derechos de los estudiantes, internos, pasantes y residentes.

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