La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de revocar la sentencia Roe frente a Wade, una sentencia histórica de 1973 que establecía el derecho de autodeterminación de la mujer en caso de embarazo no deseado, abre la puerta a las leyes antiabortistas ya listas en diversos Estados.[1]
El pronunciamiento, de hecho, no prohíbe el recurso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero priva a las mujeres estadounidenses de la protección federal que hacía impugnables todas las leyes locales cuyo fin era limitar en cualquier modo el derecho de decidir sobre la propia salud reproductiva.
"Se trata de una sentencia que interesa, en principio, solo a los Estados Unidos, pero que puede tener repercusiones en todo el mundo, ya que la Roe frente a. Wade fue, a su vez, una sentencia histórica, que abrió una reflexión general en los estados modernos en cuanto al tema del aborto y que fue muy influyente en el plano cultural también en nuestro país, en Italia", explicó Amadeo Santosuosso, exjuez de la Corte d’Appello y director del European Center for Law Science and New Technologies, de la Università degli Studi di Pavia, en Pavía, Italia.
Una cuestión de salud pública
Por primera vez, en el quincuagésimo debate acerca del aborto y las leyes que lo protegen, la mayor parte de las organizaciones científicas han expresado contrariedad acerca de la sentencia, en ocasiones con tomas de posición públicas inéditas por un tema bioético y ha reivindicado la naturaleza protectora del derecho al aborto.
La primera que lo ha hecho ha sido la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en marzo de este año ha emitido nueve líneas guía para la gestión de la interrupción voluntaria del embarazo. Entre las principales recomendaciones se encuentran: descriminalizar el aborto; hacerlo accesible, evitando limitaciones de cualquier tipo o la necesidad de la autorización por parte de terceros; privilegiar el enfoque farmacológico frente al quirúrgico; evitar periodos obligatorios de espera tras la primera petición, y reparar el impacto tergiversador de las eventuales objeciones de conciencia del personal sanitario. La sentencia de la Corte Suprema estadounidense va en la dirección opuesta de aquella que los expertos en salud pública apoyan, ya que hará posible, por ejemplo, introducir restricciones locales también en los estados donde el aborto siga siendo practicable en cierta medida.
En 1992, a modo de ejemplo, el caso Planet Parenthood frente a Casey llevó a la Corte Suprema de aquel entonces a establecer que los jueces deben siempre sopesar las nuevas legislaciones locales a la luz de posibles obstáculos a la autodeterminación, como en el caso de las adolescentes que, según algunos estados, deberían haber pedido el consentimiento paterno para abortar. Ahora, cada estado tendrá libertad para legislar en la materia.
Datos sobre los que razonar
Para la Organización Mundial de la Salud, el aborto es, simplemente, un acto médico que puede inscribirse en el ámbito de la prevención y de la salud femenina. El debate en la Corte Suprema fue igualmente una oportunidad para revisar las pruebas científicas que apoyan esta postura. Un grupo de 547 expertos en salud pública, salud reproductiva, ginecología y neonatología ha firmado un memorándum para la Corte donde se recogen los datos que sostienen que el aborto es un elemento imprescindible de la gestión de la salud femenina y que los bebés que nacen de embarazos no deseados presentan más patologías, en las que se incluyen el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer.
Además, los hijos no deseados sufren consecuencias a lo largo de toda su vida ligadas a la pobreza y la desigualdad, mientras que las madres a las que se les niega el derecho de abortar se convierten a menudo en víctimas de violencia doméstica y en una versión desvalorizada de sí mismas, con graves daños a nivel psíquico y físico.
Cuando el estado de Texas consiguió aprobar una ley antiabortista, el porcentaje de interrupciones del embarazo bajó 13% aquel año, lo que dejó sin alternativas sobre todo a las mujeres más pobres y menos instruidas, incapaces de encontrar una solución para franquear las fronteras del estado. Según una estimación conservadora, reportada por Nature , actualmente podría haber alrededor de 100.000 mujeres estadounidenses que darán luz a un hijo no deseado.[1]
Uno de los estudios más completos que han demostrado los efectos nefastos de la negación del aborto es el Turnaway Study , llevado a cabo por la Universidad de California en San Francisco. Después de haber seguido a 1.000 mujeres reclutadas en el momento de la petición de un aborto, los científicos han demostrado que aquellas que han visto negado el derecho a interrumpir el embarazo tienen una mayor probabilidad de vivir en la pobreza, de no conseguir salir de su condición desfavorable, de no tener los medios para hacer frente a las necesidades del niño y, en general, de tener un nivel de educación, salud psíquica y salud física inferior respecto a las mujeres a las que sí se les ha consentido el aborto. Obviamente, estos daños se reflejan, sobre todo, en el estado de salud de los hijos (también de aquellos deseados y ya nacidos) y se suman a aquellos a los ya conocidos relacionados con los intentos de interrupción del embarazo por métodos autoadministrados o por intervenciones realizadas por personal no cualificado o en condiciones higiénicas inadecuadas.
¿La solución es farmacológica?
Según una estimación señalada por un editorial reciente de The Lancet con el significativo título de "Por qué debemos defender Roe frente a Wade", son cerca de 120 millones al año en el mundo los embarazos no deseados, de los cuales, tres quintos se interrumpen mediante un aborto.[2] Solo 55% de las mujeres que se someten a un aborto lo hace en un contexto seguro, lo que significa que, anualmente 33 millones de mujeres de todo el mundo ponen en riesgo su propia vida para obtener un aborto mediante métodos no controlados.
Por esta razón, las recomendaciones de la OMS ponen el acento en la distribución generalizada de la píldora abortiva, una solución que facilitaría el acceso a un instrumento seguro y gestionable también en el domicilio. No es por casualidad que la distribución de píldoras abortivas con la ayuda de una asistencia de telemedicina es una de las soluciones planteadas por las asociaciones a favor del derecho a la autodeterminación para afrontar el problema en los estados que no consentirán más la interrupción voluntaria del embarazo.
La asociación Aid Acess , por ejemplo, tiene una sede en Austria y envía la píldora abortiva por correo a mujeres de todo el mundo desde 2005. Una estrategia no del todo exenta de riesgos, ya que, en caso de complicaciones, muchos estados niegan la asistencia médica a mujeres que hayan practicado un aborto autogestionado y, algunos, incluidos algunos estados americanos tras la sentencia de la Corte constitucional, llegan incluso a plantear una criminalización del propio acto. A pesar de esto, Aid Acess y otras organizaciones de apoyo están a favor de la prescripción anticipada de una dosis de fármaco abortivo a cualquier mujer en edad fértil, para evitar problemas de trazabilidad o de tiempo, también porque misoprostol tiene otras indicaciones, entre las cuales el tratamiento de la úlcera gástrica.
"Leyendo las recomendaciones de la OMS, podemos decir que igualmente Italia aplica una legislación que no corresponde a lo que sabemos sobre el plano científico en materia de efectos negativos de la negación del aborto", confirmó Alessandra Kustermann, jefa durante años de uno de los departamentos de ginecología más importantes de Italia en la clínica ginecológica Mangiagalli de Milán.
"Tenemos el periodo obligatorio de espera, innumerables restricciones, el límite temporal para los abortos no terapéuticos y, sobre todo, la objeción de conciencia. La ley 194 que regula el aborto en Italia no estipula la autodeterminación de la mujer, sino solo la posibilidad de abortar por razones médicas y psicológicas. Básicamente, se puede abortar para proteger la salud materna, no por una simple decisión. Pero el verdadero problema reside en el alto número de objetores de consciencia, aunque soy feliz de poder decir que este año el porcentaje de médicos objetores ha bajado de 70% a 64%. Quiere decir que las jóvenes generaciones de médicos están más atentas al bienestar de las mujeres. Sin embargo, como sabemos, la objeción es heterogénea en el territorio nacional, y hay regiones enteras donde obtener un aborto en un plazo razonable es muy difícil y, a veces, imposible, aunque la ley imponga a los hospitales públicos dar el servicio. En lo que respecta al aborto farmacológico, la media nacional está en 35%, aunque en algunas regiones supera 50%".
En el 2018, la Comision Guttmacher-Lancet, acerca de la salud sexual y reproductiva, concluyo que el derecho a servicios de aborto seguro y tratamiento de las complicaciones que derivan de un aborto no seguro son centrales para cualquier concepción del bienestar de una mujer y para la igualdad de género. "La disponibilidad de un paquete esencial de interventores para la salud sexual y reproductiva debería de ser un derecho fundamental para todas las mujeres, incluida una educación sexual completa, acceso a los métodos anticonceptivos modernos, servicios de aborto seguro, prevención y cura del virus de inmunodeficiencia humano (VIH) y de otras enfermedades de transmisión sexual; y servicios para la infertilidad", escribió en un editorial The Lancet.[2]
"¿En qué tipo de sociedad se ha convertido Estados Unidos cuando un pequeño grupo de jueces está autorizado para dañar a las mujeres, a sus familias y a la comunidad a la que están encargados de proteger?".
Este contenido fue originalmente publicado en Univadis, parte de la Red Profesional de Medscape.
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CRÉDITO
Imagen principal: Dreamstime
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Citar este artículo: El aborto es un asunto de salud pública - Medscape - 30 de jun de 2022.
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