En mi primer libro titulado En la residencia médica cuento la historia de una interna que es víctima de violencia y se suicida ante la indiferencia de las autoridades. Cuando lo publiqué algunas personas me dijeron que eso no pasaba, que estaba inventando, que era un exagerado. Un año después nos enteramos del caso de la doctora Mariana, una pasante que falleció y su caso el 29 de enero se investiga como "probable feminicidio" y, con tristeza, nos damos cuenta que estas cosas si suceden. A los médicos los matan ante la indiferencia de las autoridades.
Aclaro que no conozco de primera mano el caso. Lo que sé es que la doctora Mariana prestaba su servicio social en Chiapas. Las notas mencionan que fue víctima de acoso o abuso sexual y, cuando lo reportó, las autoridades no hicieron nada; no investigaron, no la cambiaron de centro de salud, no aumentaron la vigilancia, simplemente la ignoraron. Tanto las autoridades sanitarias como judiciales se desentendieron del problema y dejaron que creciera. Esta es la práctica habitual tanto en el servicio social como en los internados de pregrado. Los médicos en formación tienen derechos en el papel, pero a las autoridades no les interesa respetarlos; si te quejas, te corren.
Cuando leemos las notas sobre el probable feminicidio notamos lugares comunes en el servicio social; no tenía dinero suficiente, vivía dentro del centro de salud, no le permitieron el cambio de lugar de trabajo, no había vigilancia suficiente. Eso se llama abuso y lo hemos permitido.
Al analizar este caso debemos de recordar lo que dice la ley con respecto al servicio social. El artículo 59 de la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional:
"Cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del estudiante o del profesionista, la remuneración respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades".
De las notas que se han publicado con respecto al caso de la doctora Mariana resulta preocupante que no ganaba suficiente para satisfacer sus necesidades.
La Norma Oficial Mexicana (NOM-009-SSA3-2013) sobre el servicio social es terriblemente asimétrica, establece muchas obligaciones para los pasantes y muy pocas prerrogativas, —vagas y que muchas veces no se cumplen—. En la norma se establece que deben existir mecanismos para la protección de la integridad física de los pasantes; los pasantes deben de ser supervisados y asesorados; los establecimientos deben de contar con las condiciones de seguridad necesarias. Desde mi punto de vista no importa que diga la Norma Oficial Mexicana si algunas autoridades no tienen interés en cumplirla.
Vivimos en un país en el que los primero que no respeta la ley son las autoridades y las instituciones. Si se hubieran cumplido con las mismas, Mariana seguiría viva.
Algunas personas seguirán diciendo que son casos aislados, que eso no pasa en México y pondrán otros miles de pretextos para no ver el problema.
Recordemos también el caso de Jorge, interno de pregrado, quien se infectó de SARS-CoV-2, y la negligencia de las autoridades sanitarias y educativas entorpecieron su atención médica al punto de perder la vida y poner en riesgo a otros internos, pacientes y al personal de salud en general.
A Jorge lo mataron por no creerle que estaba enfermo, a Mariana la mataron por no creerle que necesitaba protección y seguridad.
Cuando comenzaba la pandemia y pidieron que los médicos internos no se presentaran a sus hospitales, algunos decían que eran unos cobardes, que no tenían vocación; a otros nos preocupaba que el autoritarismo del Sistema de Salud Nacional los terminara abandonando a su suerte. Eso es exactamente lo que pasó con Mariana y Jorge, las autoridades los abandonaron.
En estos casos existen muchos culpables, pero no podemos negar nuestra responsabilidad. Nuestro silencio nos hace cómplices. Cada vez que usamos el argumento de la vocación para justificar el abuso y la explotación somos cómplices; cuando volteamos a ver para otro lado; cuando abusamos de nuestros internos o residentes; cuando no denunciamos la corrupción; cuando dejamos que el director vacune a su familia antes que al personal; cuando no denunciamos la falta de equipo; cuando elegimos a los peores directivos.
Dejemos de buscar soluciones en nuestra clase política, los problemas del personal de salud llevan muchos años, pero la pandemia de COVID-19 ha hecho que estos se hagan más visibles. La solución está en nuestras manos, gracias a la presión del gremio se han logrado muchas cosas, no dejemos solos a Jorge y a Mariana.
No pongamos nuestra fe y esperanza en las próximas elecciones, haríamos mejor en poner el futuro en nuestras manos y no en una clase política a la que no le importamos.
Esperemos que en este caso sí se sancione a los culpables. En los casos de la doctora Calvillo, del doctor Yuca y de Jorge no hubo culpables. Las autoridades dieron carpetazo y nadie hizo nada. Los médicos siguen siendo perseguidos y los delitos en su contra siguen impunes.
Es muy triste pensar que ya sabemos cómo terminará este terrible episodio. Las autoridades van a salir a dar comunicados quitándose la responsabilidad, se van a retirar a los pasantes de esa zona por algunos meses y, después, las autoridades van a hacer como que esto nunca sucedió. No dejemos que se repita la historia de siempre.
El Dr. Mauricio Sarmiento estudió medicina y se especializó en anatomía patológica, medicina interna y hematología clínica. Posteriormente cursó la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. Actualmente tiene un despacho jurídico en donde, entre otras cosas, da asesoría a médicos en temas de responsabilidad civil, trámites administrativos y las implicaciones jurídicas de la práctica médica.
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Citar este artículo: Mataron a Jorge, después a Mariana y todo siguió igual - Medscape - 29 de enero de 2021.
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