Argentina sancionó ley de interrupción voluntaria del embarazo y se suma a un puñado de países en la región

BUENOS AIRES, ARG. El Senado de Argentina convirtió esta madrugada en ley la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de la gestación y sin otro requisito que la voluntad de la mujer, en una jornada histórica que ha sido celebrada como un punto de inflexión para evitar miles de muertes y hospitalizaciones por abortos clandestinos.

La norma sancionada "consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud". En las menores de 16 años, se requerirá su consentimiento y el acompañamiento de un familiar o "referente afectivo". 

"El aborto seguro, legal y gratuito es ley. (…) Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública", señaló en su cuenta de Twitter el presidente argentino, Alberto Fernández, quien como candidato se había comprometido a impulsar la ley.

La sanción se produjo dos años después de que una iniciativa similar fuera rechazada por el Senado 38 a 31. Esta vez, con un apoyo más decidido del Poder Ejecutivo, la relación se invirtió: hubo 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención.

Con esta ley, Argentina se suma a un puñado de países en la región (Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y dos estados de México) que priorizan el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y adoptan una perspectiva de salud pública por encima de preceptos tales como el "derecho a la vida" desde la concepción, que esgrimieron la Iglesia y otros opositores a la ley.

"Es para festejar, pero, si recordamos a todas las mujeres que sufrieron vejámenes, internaciones o más de 3000 muertes, lo que uno se pregunta es: ¿por qué se tardó tanto? ", dijo a Medscape en español el Dr. Mario Sebastiani, médico obstetra y profesor adjunto del Departamento de Tocoginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires.

"Más que una cuestión de salud pública, es una cuestión de dignidad; dignidad en el trato y contención; compasión; eficiencia en la interrupción; y prevención de un nuevo embarazo no deseado con anticoncepción efectiva", añadió.

"¡Vaya que es un problema de salud pública!"

Un punto clave que fundamenta la nueva legislación es que, según las evidencias, las leyes que prohíben el aborto no disuaden a la mujer de realizarlo, sino que las expone a la clandestinidad y un mayor riesgo de muerte. Un estudio en The Lancet de 2017 liderado por la Dra. Bela Ganatra, científica del Departamento de Salud Reproductiva y Sexual e Investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cabeza de su unidad de prevención del aborto inseguro, concluyó que la proporción de abortos inseguros es "significativamente más alta en países con leyes de aborto altamente restrictivas".^[1]

La Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil lo había manifestado en un documento dirigido a los senadores y compartido con otras entidades médicas pocas horas antes de la sesión: "La despenalización/legalización del aborto no pronostica un número mayor de abortos, sino que garantiza su registro. Y eso es porque en los países donde las leyes son más restrictivas, la mayoría de los abortos son inseguros. La mujer que decide interrumpir su embarazo, lo va a hacer bajo cualquier circunstancia (…). Es por ello que debemos trabajar para prevenir tanto las muertes totalmente evitables como las secuelas psicofísicas que pueden producir los abortos realizados en condiciones inseguras".

"Lo voy a votar para que no volvamos nunca más al perejil, a las perchas, a los garajes clandestinos. Para que no haya más presas por abortos clandestinos", sostuvo durante la sesión una de las senadoras, Nancy González.

Asimismo, Martín Lousteau, opositor al gobierno, señaló que anualmente se realizan en el país "cientos de miles" de abortos inseguros, lo que provoca 40.000 internaciones hospitalarias por esa causa y la muerte de una mujer cada diez días. "¡Vaya que es un problema de salud pública!", expresó.

En el bando contrario, los opositores a la ley adujeron su supuesta inconstitucionalidad, el inicio de la vida o de la existencia de la persona humana a partir de la fecundación (y el deber de defenderla) y la inoportunidad de tratar esta legislación en un contexto de pandemia y crisis económica.

El Dr. Mario Fiad, dermatólogo, único senador médico y presidente de la Comisión de Salud del Senado, volvió a exponer en contra de la norma, como en 2018.

"Es insólito que, con los avances de la ciencia, que hasta decodificó el genoma humano y hoy nos permite visualizar la vida en el útero con altísima precisión, nos enredemos en eufemismos respecto de cómo vamos a denominar a esa vida que anida y crece en el seno materno", dijo el Dr. Fiad, quien fue presidente del Colegio de Médicos de Jujuy, provincia del norte del país a la que representa.

El Dr. Fiad también reclamó que se pretendiera legislar sobre el aborto en apenas diez días, cuando había tantas respuestas que el sistema de salud no estaba dando a mujeres "en lista de espera para una cirugía, que no pueden realizar su diálisis, que tramitan largamente los medicamentos para su tratamiento de cáncer, que no pueden acceder a terapias para sus enfermedades poco frecuentes o que mueren por problemas cardiovasculares, primera causa de muerte". Si se aprueba la ley "no es solo la vida del niño por nacer la que queda en el camino, sino también la de esas tantas mujeres", argumentó.

Sin embargo, los impulsores de la ley sostienen que 95% de las interrupciones del embarazo podrán realizarse con medicamentos y de manera ambulatoria, evitando las complicaciones de los abortos clandestinos y liberando camas del sistema de salud para la atención de muchas otras patologías.

Objeción de conciencia

La norma aprobada sostiene que el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo "tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones".

También permite que una institución médica privada o de la seguridad social pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscritos como objetores, aunque, en esos casos, "deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación".

Sin embargo, algunos defensores de la ley temen que esa exigencia no es lo suficientemente fuerte como para evitar que se transforme en una barrera para el acceso oportuno a esa prestación.

"Prefería que los establecimientos públicos y privados tuvieran que asegurar a la mujer donde atenderse si eran objetores todos sus profesionales. Las pueden rechazar y obligar a recorrer distancias para tener un lugar de atención, especialmente en lugares de muchos objetores de conciencia", dijo a Medscape en español la Dra. Mabel Bianco, médica epidemióloga y presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) en Buenos Aires.

De todos modos, la norma consigna que el personal de salud "no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable".

Más allá de las 14 semanas de gestación, siguen vigente los otros causales para el aborto que admite la ley argentina: el embarazo producto de una violación o el serio riesgo para la vida de la madre.

Los doctores Sebastiani y Bianco declararon no tener conflictos económicos de interés pertinentes.

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Citar este artículo: Argentina sancionó ley de interrupción voluntaria del embarazo y se suma a un puñado de países en la región - Medscape - 30 de dic de 2020.