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Luego de llegar a acuerdos con diversas compañías, varios países se preparan para realizar sus campañas de vacunación contra la COVID-19.
Desde el anuncio de las autoridades sanitarias británicas de la aprobación para el uso condicional de la vacuna BNT162b2 de la farmacéutica Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech el pasado 2 de diciembre, todos los gobiernos empezaron a moverse para asegurar dosis para sus países. Esta aprobación de emergencia se dio antes de que la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos avalara la distribución en el país.
Ante la necesidad de iniciar la vacunación las agencias regulatorias han decidido aplicar mecanismos de emergencia para el uso rápido de fármacos según los balances positivos entre riesgo y beneficio.
Una carrera para asegurar vacunas
Durante el mes de noviembre fue emergiendo la eficacia de las vacunas, primero Pfizer/BioNTech (95% de eficacia), luego Moderna (94,5%) y University of Oxford/AstraZeneca (con valores entre 62% y 90%) en cuestión de semanas.
Ante esos resultados, la presión a los organismos reguladores aumentó, al mismo tiempo que comenzaron a formalizarse compromisos anticipados de compra para obtener una parte de las primeras vacunas.
Y a esta carrera de los países desarrollados por asegurarse millones de dosis para sus ciudadanos se sumaron también diversos países latinoamericanos. A pesar de que la vacuna de Pfizer/BioNTech exige ser mantenida a temperaturas entre –60 °C y –90 °C, y que su precio, revelado por error por la secretaria de estado de presupuestos del Gobierno de Bélgica, Eva De Bleeker, era uno de los más altos de todas las opciones (12 euros por dosis por 1,78 dosis de la de Oxford), varios gobiernos de la región se apresuraron a comunicar a sus ciudadanos que estaban en negociaciones con la casa farmacéutica para la compra de millones de dosis.[1]
Sin embargo, estas negociaciones individuales han perjudicado a la iniciativa COVAX, cuyo objetivo principal es asegurar un acceso justo a la vacuna. Los movimientos de los países desarrollados, en algunos con compras muy por encima de las que necesitan, ponen en riesgo apaíses de medio y bajo ingreso que no pueden comprarlas.
La iniciativa COVAX hace parte del programa lanzado en abril asado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el gobierno francés para asegurar que la mayoría de los habitantes del planeta quede protegida contra el SARS-CoV-2. Está coordinada por la Alianza GAVI y espera que para finales de 2021 los 98 países participantes en COVAX hayan podido vacunar hasta 20% de su población.[2] Pero esta iniciativa se encuentra en alto riesgo de fracasar. Un estudio publicado en BMJ concluye que a pesar de que los países desarrollados han asegurado su provisión, alrededor de 25% de la población del planeta no tendría acceso a ningún tipo de vacuna hasta 2022.[3]
Aunque los laboratorios logren producir a su máxima capacidad, siempre habrá situaciones imposibles de controlar, como los errores humanos en el manejo de los viales o en el mantenimiento de la cadena de frío de algunas vacunas. Tampoco tiene en cuenta el aumento de robos de la vacuna a medida que la producción aumente, como anunció en una entrevista al medio alemán WirtschaftsWoche el director de la Interpol, Jürgen Stock: "La corrupción será enorme en muchos países con tal de acceder a la vacuna más rápidamente".[4] Sin embargo, varios países latinoamericanos han firmado este tipo de compromisos de compra anticipada, publicando los planes para la distribución y administración de las vacunas.
A continuación un resumen con los marcos y el estado de la cuestión en algunos países de Iberoamérica.
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Citar este artículo: Iberoamérica prepara sus campañas de vacunación contra COVID-19 - Medscape - 24 de dic de 2020.
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