Brasil en una tormenta sanitaria y política ante un número creciente de casos de COVID-19

Una pandemia en mitad de un pandemonio

Mônica Tarantino

Conflictos de interés

15 de junio de 2020

En este contenido

5. No hay unidades de cuidados intensivos para todos.

El sistema de salud brasileño empezó a colapsarse mucho antes del pico de la pandemia, estimado entre mayo y junio. El primer estado con falta de camas para tratar a los pacientes con síntomas graves fue el de Amazonas, a principios de abril. Los datos publicados en los medios de comunicación muestran que el estado tiene 1,24 camas de terapia intensiva por 10.000 habitantes.

Para afrontar la pandemia se necesitan como mínimo 2,4 camas por 10.000 habitantes, según la Associaçao de Medicina Intensiva Brasileira. Además, faltan médicos, profesionales capacitados para realizar intervenciones como la intubación, respiradores, y equipos de protección personal.

Esta situación es un ejemplo de la desigualdad en la distribución de los recursos sanitarios en el territorio nacional. El sistema de salud, que combina asistencia pública y privada, tiene 7 camas de unidades de cuidados intensivos por 100.000 habitantes para los usuarios de la red pública, y 35 camas de unidades de cuidados intensivos por 100.000 habitantes para casi 25% de la población más favorecida que puede pagar planes o seguros privados. Cinco veces más.

Las soluciones encontradas por los gobiernos estatales frente a estas circunstancias fueron muy diversas. En el estado de Maranhao, el gobernador recurrió a una ley de emergencia sanitaria para requisar camas del sector privado, asignando una compensación económica en el futuro. En San Pablo los poderes públicos alquilaron camas al sector privado. En la ciudad de Río de Janeiro la prefectura optó por la construcción de hospitales de campaña a pesar de que había camas vacías en seis hospitales, como mínimo, del gobierno federal que no estaban atendiendo pacientes con COVID-19. La mayoría no está preparada, y ahora se investiga este contrato por denuncias de corrupción.

A primeros de mayo la mayoría de los estados tenía tasas de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos de la red pública por encima de 80%, el umbral considerado crítico. Al mismo tiempo, como la enfermedad comenzó por las clases más favorecidas (y que cumplían mejor la cuarentena), la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales privados comenzó a estabilizarse.

Ante esta falta de camas públicas y por las camas vacías en la red privada, 97 entidades y más de 3.000 personas se unieron para lanzar una campaña nacional para utilización, control y gestión por los poderes públicos de toda la capacidad hospitalaria existente en el país de manera urgente, sobre todo las camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos de hospitales privados y planes de salud, para el tratamiento universal e igualitario de los pacientes graves con COVID-19. Otra propuesta de esta campaña es la creación de una lista de espera única, como se ha hecho con los trasplantes.

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