Brasil en una tormenta sanitaria y política ante un número creciente de casos de COVID-19

Una pandemia en mitad de un pandemonio

Mônica Tarantino

Conflictos de interés

15 de junio de 2020

En este contenido

2. Falta de coordinación y capacidad de respuesta.

Cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19 a finales de febrero no parecía que las cosas irían tan mal. Más de 3 meses después el país está pagando la falta de coordinación integral en la gestión de la crisis.

El Dr. Gonzalo Vecina, fundador y expresidente de la Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exsecretario municipal de salud de San Pablo, exsuperintendente del Hospital Sirio-Libanês, y profesor de la Universidade de San Pablo, y de la Fundaçao Getúlio Vargas, un centro docente e investigador prestigioso, explicó que durante esta epidemia faltó el liderazgo del Ministério da Saúde y también de algunos estados. Hubo dos cambios de ministro y muchas sustituciones de secretarios estatales y municipales de salud.

La falta de liderazgo se notó en la carencia de soluciones para los problemas nacionales que se intensificaron, como lentitud en la entrega de los resultados de las pruebas realizadas en los laboratorios públicos. El Dr. Vecina cree que es una muestra de la ceguera del Ministério da Saúde, que debería tener preparada una política nacional para hacer las pruebas diagnósticas, y una central de automatización para solucionar el problema de la acumulación de estas pruebas y sus consecuencias.

La ausencia de coordinación central de las medidas adoptadas también se reflejó en la compra y distribución de respiradores y de equipos de protección, tarea que asumieron principalmente los estados y municipios. En un panorama internacional lleno de incertidumbres y agravado por los errores cometidos con China por la diplomacia brasileña, hubo cancelaciones de pedidos de lotes de respiradores artificiales y retrasos en las entregas.

El 25 de mayo el gobierno de San Pablo recibió una parte de los respiradores comprados en China al inicio de la pandemia. Llegaron 183 unidades de un pedido de 3.000 aparatos. Este hecho se investiga por la justicia.

El exministro de salud, Dr. José Gomes Temporao, consideró que "el gobierno federal no asumió ni asume su función de liderazgo y coordinación armoniosa y firme para transmitir seguridad a la sociedad".

Durante los años que estuvo al frente de este ministerio, de 2007 a 2010, tuvo que afrontar epidemias de dengue, fiebre amarilla (que reaparece todos los años), y la llegada de la influenza H1N1.

"Aprendimos mucho de la pandemia de H1N1 en 2009. Creamos un gabinete de crisis en el que participaban varios ministerios, la Agência Nacional de Vigilancia Sanitária, la Casa Civil y el Ministério da Defesa", explicó el exministro que en esa época dejó preparado un plan de contención de epidemias.

La lentitud para consolidar las medidas es nefasta. A principios de junio el gobierno todavía no había aplicado las medidas anunciadas entre marzo y abril, como la entrega de la mayor parte de las 2.000 camas de unidades de cuidados intensivos de instalación rápida. También es muy grave el problema de los respiradores. Las cuatro empresas brasileñas contratadas para fabricar 14.100 respiradores tienen un plazo de entrega de hasta 90 días. Por tanto, pueden entregar los respiradores hasta noviembre.

Una de las explicaciones del retraso de la respuesta fue la dificultad de las autoridades sanitarias brasileñas para convencerse de que la pandemia llegaría a Brasil, afirmó la Dra. Ana Costa, doctora en salud pública, profesora de posgrado de la Escola Superior de Ciências da Saúde, y directora ejecutiva del Centro Brasileiro de Estudos de Saúde  de Fiocruz, y una de las creadoras del Sistema Único de Saúde.

"Es inadmisible que Brasil no estuviera preparado. Tuvimos tiempo desde que se anunció la situación en China en diciembre. Esto supone una omisión del gobierno federal en relación con esta tragedia". En opinión de esta profesora, la lentitud de respuesta implica también cuestiones más complejas. Una buena preparación implicaría un conjunto de medidas de protección social que entrarían en conflicto con la política económica tan ortodoxa que viene aplicándose en Brasil.

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