¿Salda el Premio Princesa de Asturias la deuda moral con los sanitarios españoles?

Dr. Javier Cotelo

10 de junio de 2020

Nota de la editora: Encuentre las últimas noticias y orientación acerca de la COVID-19 en el Centro de información sobre el coronavirus de Medscape en español.

MADRID, ESP. El Premio Princesa de Asturias de la Concordia será este año para los sanitarios que han combatido al coronavirus en primera línea.[1] Los profesionales, satisfechos y agradecidos por el galardón, exigen a los políticos reponer desinversiones, dotarlos de los equipos de protección adecuados y mejorar la cantidad y la calidad del empleo de cara al proceso de reconstrucción de la sanidad, así como la consideración de la COVID-19 como enfermedad profesional.

La candidatura al Premio de la Concordia fue propuesta por Ginés Morata, Pedro Miguel Echenique y Sir Salvador Moncada, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2007, 1998 y 1990, respectivamente. De forma excepcional, en esta ocasión, por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, la reunión tuvo lugar por videoconferencia.

Se resalta el reconocimiento de todos los centros, desde los de atención primaria hasta los grandes complejos hospitalarios, tanto públicos como privados.

Desde que empezó esta emergencia los sanitarios han demostrado un encomiable nivel de profesionalidad y compromiso. Con una entrega incondicional, haciendo frente a largas jornadas de trabajo, a veces sin contar con el equipamiento y los medios materiales adecuados, según quejas de organizaciones profesionales y sindicales del sector, representa un ejercicio de vocación de servicio y de ejemplaridad ciudadana.

También han atendido a gran número de pacientes infectados y víctimas mortales, realizando una labor de profunda humanidad al acompañar a enfermos ingresados y a personas cuyos familiares no podían estar presentes en sus últimas horas de vida. Se han convertido en un símbolo de la lucha contra la mayor pandemia global que ha asolado a la humanidad en el último siglo.

El colectivo de los profesionales sanitarios, que han puesto en riesgo su propia salud, ha sido el más afectado por la pandemia en nuestro país, alcanzando un total de 51.482 infectados, y al menos 60 médicos en activo fallecidos, según datos facilitados por la vicepresidenta segunda del Congreso Ana Pastor en su cuenta de Twitter el 9 de junio: "El último dato acumulado de sanitarios contagiados por Covid-19 que dio el gobierno es del 25 de mayo. Eran 51.482. Hasta el 5 de junio han publicado nuevos datos que no cuadran y no dan la cifra total. Esta semana ni siquiera los hacen públicos". En el caso de los fallecidos, el dato es proporcionado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, con fecha del 3 de junio.

En ese contexto, España es uno de los países que con más virulencia ha sufrido su impacto, con cifras oficiales al 9 de junio de 241.966 pacientes diagnosticados y 27.136 fallecidos.

Dr. Serafín Romero

Por otro lado, tras conocer la noticia del premio, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Dr. Serafín Romero, ha comentado a través de la página web de Médicos y Pacientes.com "la gran satisfacción que supone el reconocimiento del jurado de los Premios Princesa de Asturias a los sanitarios españoles que han estado y están luchando en primera línea contra la COVID-19, y por los profesionales que han perdido la vida en esta lucha".[2] El especialista añadió que es el mejor broche final a todos los aplausos que han dedicado los ciudadanos a los sanitarios en esta crisis.

Reconocimiento de los más merecidos de la historia

Florentino Pérez Raya

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España, comentó a Medscape en español: "Es una gran satisfacción, y sin duda la noticia ha generado ilusión entre todos los profesionales que han luchado —y siguen luchando, ya que esto no ha acabado— contra la mayor emergencia sanitaria de las últimas décadas. No creo que nadie en este país ni en el mundo discuta que es uno de los reconocimientos más merecidos de la historia".

“Las enfermeras especialmente se han dejado la piel, y algunas de ellas, la vida por atender a los pacientes en unas condiciones durísimas. Han sufrido la pérdida de pacientes en hospitales saturados por momentos; han visto cómo crecía el número de infectados, y han sufrido por ellas y por sus familias, por el temor a contagiarles. Sabemos que no han contado con los medios de protección necesarios, pero eso no ha impedido cumplir con el deber y la vocación de servicio a la sociedad, aunque estuviera en riesgo su propia salud y muchas se contagiaran. Ha habido gran cantidad de sanitarios infectados, y eso es terrible y no podemos consentir que vuelva a suceder".

"Agradecemos el premio de corazón, pero no queremos que eso desvíe la atención sobre la evidente falta de enfermeras que sufre nuestro país y sobre las condiciones laborales de los sanitarios, los contratos efímeros, la falta de estabilidad y de desarrollo de las especialidades de enfermería, entre otras cosas. Hay distintos factores que debemos reivindicar ahora que la sociedad ha comprobado cuán necesaria es una buena sanidad con la dotación profesional adecuada", puntualizó.

"Tenemos 40% menos de enfermeras que la media europea y esto ha hecho que la sobrecarga asistencial, ya de por sí durísima en cualquier pandemia, en España haya sido insostenible, causando verdaderos estragos psicológicos en muchos profesionales. Solo la profesionalidad y calidad humana de nuestras enfermeras y el resto de compañeros ha hecho que no haya que lamentar más fallecimientos en esta terrible crisis que ha parado el mundo", agregó.

Primera sentencia en materia de riesgos laborales

Por otro lado, el pasado 3 de junio, un juzgado social de Teruel dictó la primera sentencia que resuelve a favor de los sanitarios, la demanda planteada por el sindicato FASAMET contra la Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en materia de prevención de riesgos laborales por la epidemia del virus SARS-CoV-2, según señala una nota de prensa del sindicato.[3] Contra esta sentencia, estas instituciones ya han manifestado que la recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

La magistrada-juez declaró que las administraciones empleadoras demandadas han vulnerado los derechos de los trabajadores/empleados públicos (médicos y enfermeras) de la provincia de Teruel, en materia de prevención de riesgos laborales, poniendo en riesgo grave su vida, integridad física y salud, y lesionando su derecho a la integridad física y a la protección de la salud, por lo que las condena al restablecimiento de los derechos vulnerados, y a proporcionar a los empleados públicos sanitarios (en todos los centros sanitarios y socio-sanitarios o sociales, públicos, concertados y privados intervenidos, de la provincia de Teruel) los equipos de protección individual adecuados por riesgo de exposición ante el agente biológico viral SARS-CoV-2 y riesgo de contagio o infección desarrollando la enfermedad COVID-19, en el momento que disponga de ellos. y a reponerlos cuando sea necesario.

45 propuestas para reformar la sanidad

Por otra parte, el Dr. Romero compareció el 2 de junio en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados, donde presentó 45 propuestas para la necesaria reforma de la sanidad, y también para estar preparados ante futuras amenazas.

En una nota emitida por la institución profesional recoge que el presidente trasladó a los diputados, que tienen una deuda moral con la sanidad y los sanitarios, y también reafirmó "el papel de palanca que debe ejercer para interferir y sortear la excesiva interferencia política".[4]

También aseguró: "La profesión médica se siente maltratada y exige a los responsables políticos e institucionales que repongan la desinversión, que incrementen el músculo profesional, y que aporten retribuciones y calidad de empleo para que podamos seguir centrados en nuestra tarea, mejorando la medicina y el Sistema Nacional de Salud".

En cuanto a las propuestas prioritarias concretas, recabadas en un extenso documento para la reconstrucción desde la profesión médica, se pueden resumir así:[5]

España debe asegurar una reserva estratégica de material de protección para sanitarios y ciudadanos, así como equipamientos médicos con la finalidad de poder incrementar las unidades de cuidados intensivos y otros materiales para situaciones epidémicas. Asimismo, puntualizó: "Los médicos y el resto del personal sanitario están pagando un alto e injusto tributo a la falta de previsión de nuestras autoridades sanitarias, y esto nos obliga a permanecer atentos y activos para que se corrijan los principales problemas del escenario actual".

El Dr. Romero reclamó el reconocimiento como enfermedad profesional de la infección por coronavirus, y de la profesión médica como profesión de riesgo; estas han sido y son parte de nuestras reivindicaciones, a las que no vamos a ceder, "se lo debemos a nuestros compañeros que ya no están, y a los muchos que han dado todo lo mejor de nuestra profesión".

Sanitarios: de aplaudidos a presuntos culpables

A su vez incidió: "No quisiéramos pasar de los aplausos a la presunción generalizada de culpabilidad y a la pena de banquillo". En la resolución de estos conflictos "se hace obligada la aprobación inmediata del baremo de daños sanitarios que la profesión médica viene demandando desde principios de siglo".

El Dr. Romero apostó por priorizar la seguridad del personal de atención primaria y pacientes con protección y autoprotección; el primer nivel asistencial "necesita ahora, sin retrasos ni excusas, un auténtico plan de acción, inteligente y selectivo, pero inmediato, solvente y con compromisos de financiación explícitos y conocidos".

Además, en cuanto a la Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluye entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida, indicó que "este sistema debe tener un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día", y abogó por el impulso y fortalecimiento del mismo.

Finalmente hizo mención a la gran labor que la sanidad privada ha realizado en el abordaje de la COVID-19, área donde trabajan más de 70.000 profesionales. Propuso fomentar y desarrollar toda la normativa relativa a la autorización de centros, sanitarios y sociosanitarios, en función de criterios objetivos, y reclamar transparencia y publicidad de datos sanitarios, así como revisar la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

Respecto a los cambios que debe acometer el sistema sanitario en la era posCOVID-19, el presidente del Consejo General de Enfermería indicó: "Además de la falta de profesionales, creemos que es importante adoptar otras medidas. Una es modificar el modelo asistencial para pasar del curar al cuidar, porque el envejecimiento de la población y el aumento de pacientes con una o varias enfermedades crónicas hace necesario un nuevo enfoque centrado en la atención de los pacientes crónicos, potenciando la educación y prevención sanitaria, y la educación en hábitos de vida saludable".

"Sin duda resulta imprescindible fortalecer la atención sociosanitaria para cuidar adecuadamente de los mayores, implementando una gran coordinación entre los servicios sanitarios y sociosanitarios, garantizando la continuidad asistencial entre la atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria", agregó.

"Otro punto importante es el refuerzo de la atención primaria, con un incremento de sus presupuestos, aprovechando así el potencial asistencial y en la educación para la salud de las enfermeras en la atención especializada de enfermería familiar y comunitaria, y no solo en materia asistencial y de prevención, sino también en la vigilancia epidemiológica, contribuyendo en la detección precoz y el seguimiento de casos en los propios centros y en visitas domiciliarias", añadió Florentino Pérez.

Exigen reconocer la COVID-19 como enfermedad profesional

Recordamos cronológicamente que desde el inicio de la epidemia del coronavirus se estableció considerar como enfermedad común al contagio por el SARS-CoV-2 a toda la población, y solo a efectos económicos, se asimiló al accidente de trabajo. Diversas instituciones sanitarias, sindicales y profesionales han venido reclamando desde hace semanas que para el personal sanitario y sociosanitario el contagio por el nuevo coronavirus debe ser considerado como contingencia laboral.

Recientemente el Real Decreto-Ley 19/2020 del 26 de mayo, recoge por fin en su artículo 9 la consideración de esta enfermedad como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, solo para el personal sanitario y sociosanitario que a causa del contagio viral durante el estado de alarma hayan contraído el coronavirus en cualquiera de las fases de la epidemia, cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.

Pero esta consideración como accidente de trabajo, por ser una enfermedad no incluida en el cuadro de enfermedades profesionales, no se ajusta a la ley, y representa una pérdida de derechos para los trabajadores afectados.

Seis sociedades científicas (Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el trabajo, Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social, Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario, Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública, y Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo) han emitido un comunicado exigiendo que el personal sanitario y sociosanitario que haya contraído la COVID-19 como consecuencia de su labor profesional debe considerarse enfermedad profesional y no solo accidente de trabajo.[6] A esta exigencia se adhieren el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y el Colegio de Médicos de Madrid, entre otras instituciones.

La sustancial diferencia entre estas dos condiciones es que su reconocimiento como enfermedad profesional es posible en cualquier momento posterior, incluso superando la edad de jubilación, lo que no sucede en el accidente de trabajo. Esta imprescriptibilidad daría lugar a la compensación como enfermedad profesional de las secuelas que pudieran sobrevenir en un futuro, y las situaciones de incapacidad temporal o permanente, o fallecimiento que pudieran darse, derivadas de haber padecido la enfermedad, cuyo curso clínico evolutivo al día de hoy es imprevisible y desconocido, pues a las secuelas respiratorias que puedan aparecer se unen las cardiológicas, vasculares, renales, neurológicas, u otras que puedan presentarse.

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