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MADRID, ESP. Casi siete semanas después de decretarse el estado de alarma y con una situación epidemiológica en la que “la curva de incidencia del coronavirus se está doblegando”, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, España se prepara para iniciar el proceso de desescalada a partir del próximo lunes 4 de mayo, tal y como anunció el pasado 28 de abril el presidente, Pedro Sánchez.
El responsable del ejecutivo explicó que esta nueva situación, que se va a llevar a cabo manteniendo el actual estado de alarma (para cuya continuidad adelantó que va a solicitar una nueva prórroga), tiene como objetivo evolucionar hacia una "nueva normalidad" prevista, en principio, y siempre en función del desarrollo de la pandemia, para finales del mes de junio.
"Vamos a iniciar una travesía sin un GPS u hoja de ruta, diseñada como un plan flexible y adaptativo. La desescalada se realizará por provincias o islas, será gradual, asimétrica y coordinada, y se extenderá un mínimo de seis semanas y un máximo de ocho, en cuatro fases distintas, cada una de ellas con una duración mínima de 15 días. La transición de una fase a otra se establecerá en función de que cada provincia o isla se ajuste a unos indicadores establecidos", dijo Sánchez, quien explicó que se había optado por esta fórmula en vez de por otras basadas en fechas concretas (como las adoptadas por países como Italia o Francia), por considerar que "se trata del sistema más adecuado a nuestra realidad epidemiológica, territorial, empresarial e institucional".
Sánchez hizo un repaso de las medidas y pautas que contempla cada una de las fases, las cuales están recogidas en un documento publicado por Sanidad, y anunció que será este ministerio el encargado de fijar y establecer las órdenes y excepciones implicadas en los cambios de fase.[1]
Mismas reglas, distintas velocidades
A grandes rasgos, el plan parte de la fase actual, considerada "de transición" y que incluye medidas de alivio como la de permitir, a partir del 2 de mayo, la salida del domicilio para dar paseos o el desconfinamiento de los menores, vigente desde el domingo pasado. A partir de ahí, se prevé que todo el país inicie el lunes 4 de mayo la fase 0, en la que está prevista la apertura de pequeños locales con cita previa (peluquerías, dentistas, recogida de comida en restaurantes) o el entrenamiento básico en las ligas profesionales, entre otras medidas.
En la fase I (que, en principio, podría iniciarse el 11 de mayo) se permitirán reuniones sociales (en condiciones aún sin determinar), la apertura de terrazas (hasta un 30% de ocupación), del pequeño comercio y de los lugares de culto (aforo limitado a un tercio), así como la reanudación de la actividad agroalimentaria y pesquera. Hay cuatro territorios (la isla de Formentera, en Baleares, y las de Gomera, El Hierro, y La Graciosa, en la Comunidad Canaria) que entrarán directamente en esta fase, debido a que presentan una incidencia mínima de contagio.
Durante la fase II (con posibilidad de iniciarse el 26 de mayo) se podrá viajar a una segunda residencia (siempre que se encuentre dentro de la misma provincia, ya que están prohibidos los desplazamientos interprovinciales hasta el fin del estado de alarma) y se permitirá la apertura de cines y teatros, con un tercio de su aforo. En la fase III (posible inicio, 10 de junio) se contemplan, entre otras medidas, la apertura de playas y la ampliación de la ocupación de espacios, como el comercio, hasta el 50% de su aforo.
Otras medidas incluidas en este plan son la suspensión del curso escolar hasta el mes de septiembre (con excepciones como la realización de la prueba de la acceso a la universidad, EVAU) y la recomendación de dar preferencia al teletrabajo hasta llegar a la fase III.
El presidente hizo hincapié en que no se puede hablar de fechas concretas y que todo el proceso estará liderado por el gobierno, a través de un cuadro de mandos, y gestionado por las distintas Comunidades Autónomas. "Son las mismas reglas para todas las provincias, pero se van a aplicar a distintas velocidades, en función de las características territoriales y su adecuación a los indicadores", afirmó Sánchez.
Respecto a los indicadores por los que se van a regir las distintas provincias para determinar el paso de una fase a otra, se tendrán en cuenta las capacidades estratégicas del sistema sanitario, "un aspecto en el que la Atención Primaria cobrará una importancia absoluta y será determinante, al igual que los hospitales y las camas UCI disponibles", apuntó el presidente. También se valorará la situación epidemiológica de la zona en cuestión, el cumplimiento de las medidas de protección colectiva en los centros de trabajo, comercio y transporte público, y la evaluación de los datos de movilidad y socioeconómicos.
En cuanto a la denominada "nueva normalidad", Sánchez señaló que ésta se extenderá hasta que se encuentre una vacuna o tratamiento eficaz contra el virus y que durante la misma habrá que mantener las medidas de higiene y distanciamiento establecidas en la actualidad, entre las que se incluye el uso "altamente recomendable" (no obligatorio) de mascarillas. Asimismo, insistió en que toda esta estrategia está sometida a la evolución de la pandemia y que exige un mayor grado de responsabilidad por parte de la población. "Hay que respetar minuto a minuto las reglas de movilidad. El virus no se ha ido, sigue al acecho y ha demostrado que es muy contagioso", advirtió.
Últimas cifras: récord de altas y repunte de contagios
Desde el viernes 24 de abril, y según los datos de Sanidad, el número de pacientes dados de alta supera al de los hospitalizados, alcanzando un récord el miércoles 29 de abril, fecha en la que el número de personas curadas fue de 108.947 en total, 6.399 más que el día anterior. Este dato, calificado por el ministro Illa de "espectacular", contrasta con el ligero repunte experimentado por las cifras de fallecidos (24.275, 325 más que el dato previo) y de contagios, 212.917 (2.144 más que el día anterior).
En su habitual rueda de prensa, Fernando Simón, director del Comité Técnico de Desescalada (nuevo nombre del hasta ahora Comité Técnico de Gestión del Coronavirus) señaló que estos datos se encuentran en línea con la progresión de los últimos días, aunque con una menor tendencia a la baja respecto a las jornadas previas: "Es una evolución muy favorable, de acuerdo con lo esperado, en la que hay que destacar el número de pacientes recuperados, que suponen un incremento muy importante respecto al total".
Respecto a la puesta en marcha del plan de desescalada presentado unas horas antes, Simón explicó que los criterios que marcarán el cambio de fase no se basarán en indicadores únicos ni en umbrales prefijados, y no se mostró partidario de hablar de fechas exactas —"no sería prudente ni sensato"— sino de duraciones orientativas y de horquillas más o menos amplias.
"Es una situación que hay que abordar con un enfoque evolutivo, debido a la variabilidad de la pandemia y de las diferencias en la gestión asistencial entre las distintas Comunidades Autónomas. Es importante la participación activa de las autonomías, ya que son ellas las que tienen la información más relevante y actualizada de sus territorios", dijo Simón.
Preguntado sobre los criterios en los que se van a basar los indicadores y los expertos con los que se están consensuando los mismos, Simón señaló que se trata de grupos multisectoriales y multiterritoriales, con los que se está trabajando para terminar de definirlos. Asimismo, comentó que "si bien prácticamente todos los territorios tienen un índice de reproducción del virus por debajo de 1, es necesario tener constatadas las capacidades de respuesta asistencial de las distintas provincias".
Poco después, y en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa comentó que la desescalada no debe contemplarse como una "carrera" sino que tiene que llevarse a cabo bajo las premisas de control, prudencia, precaución y unidad, al tiempo que advirtió que se entra en un periodo difícil que exige una mayor disciplina por parte de la población.
Illa anunció también que en las próximas horas (el jueves 30 de abril) se darán a conocer las condiciones en las que se va a llevar a cabo la salida al aire libre para hacer deporte o pasear prevista para el 2 de mayo y anunciada por el presidente el pasado fin de semana, y respecto a la que existe el interrogante de si va a incluir a las personas de mayor edad, colectivo considerado de riesgo.
Sanitarios infectados: suma y sigue
Al margen del anuncio de la desescalada, que ha sido sin duda la noticia más destacada de los últimos días en el manejo de la pandemia en España, uno de los aspectos más cuestionados sigue siendo el elevado número de profesionales sanitarios contagiados.
A fecha del 29 de abril, el total de sanitarios españoles que han dado positivo en coronavirus es de 39.230.
Preguntado al respecto en su comparecencia del 28 de abril, —concretamente, sobre el hecho de que no se proporcione el dato de sanitarios fallecidos y las querellas y denuncias interpuestas contra el ministerio de Sanidad por distintos colectivos del sector (la última, por parte del Consejo General de Enfermería y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos)— Pedro Sánchez manifestó que "la principal obsesión que ha tenido el gobierno de España ha sido dotar y proveer de EPI a quienes están en primera línea, que es el personal sanitario. Nos hubiera gustado suministrarles el material con mayor anticipación en un mercado tan intenso y tan tensionado como el internacional, pero creo que gracias al buen hacer de las Comunidades Autónomas y principalmente del gobierno de España, esa provisión de equipos de protección está empezando a cubrirse en un amplio espectro".
Por su parte, Fernando Simón comentó en relación a este tema que se están haciendo muchas pruebas en determinados grupos de interés, entre ellos los sanitarios, "no en todos estos profesionales, pero sí en un número muy importante de ellos".
En la misma línea, y al ser instado a precisar el número de test realizados a estos profesionales, el ministro Salvador Illa afirmó que no disponía de los datos concretos, y remitió a los protocolos elaborados al respecto por las distintas Comunidades Autónomas.
Estudio de seroprevalencia, un ranking y test de PCR
En otro orden de cosas, finalmente, y tres semanas después del anuncio de su puesta en marcha, el pasado 27 de abril se inició el estudio de seroprevalencia (ENE-COVID), diseñado por el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), junto con las Comunidades Autónomas, con el objetivo de hacer una estimación del porcentaje de población que ha desarrollado anticuerpos frente al coronavirus.[2] La finalidad de este estudio es, según Sanidad, recopilar información que "ayude a tomar futuras decisiones para el manejo de la pandemia".
Así, y en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) se han seleccionado a más de 36.000 hogares españoles, incluyendo a todas las personas que conviven en un mismo domicilio, lo que, en opinión de los responsables del estudio, facilita la representatividad de la muestra y permite diferenciar entre las nuevas infecciones que se producen por transmisión comunitaria y las que se puedan estar produciendo dentro de los hogares.
Para ello, se someterá a los participantes (elegidos al azar) a dos pruebas serológicas: un test rápido (que se hará en el domicilio o en el centro de salud) de determinación de anticuerpos en sangre por inmunocromatografía, para saber si la persona ha estado infectada; y, "para asegurar la fiabilidad de los resultados y aplicar el máximo rigor metodológico", la obtención de una muestra de suero por venopunción. Los análisis serán coordinados por el Centro Nacional de Microbiología y se contará con la colaboración de múltiples hospitales de todo el país.
Tal y como explicó en rueda de prensa Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, las pruebas se repetirán en tres oleadas con una diferencia de 21 días entre una y otra, "para poder ver la evolución de desarrollos de anticuerpos".
Yotti también informó de que se dispondrá de resultados preliminares tras la primera oleada (aproximadamente dentro de dos semanas), prolongándose el resto del estudio durante dos meses.
Aunque la participación en el estudio es de carácter voluntario, tanto Raquel Yotti como el ministro Salvador Illa hicieron hincapié en la importancia de tomar parte en el mismo "ya que es una iniciativa que ayuda a la toma de decisiones que redundan en el beneficio de toda la sociedad".
Por otro lado, las pruebas de PCR han sido una de las "piedras de toque" en los últimos días. Desde hace semanas, su inclusión/exclusión en los criterios en los que se basa el reporte diario de cifras de la pandemia ha dado lugar a desajustes en los datos ofrecidos. Así, desde el viernes 24 de abril rige el criterio de contabilizar sólo como casos nuevos aquellos obtenidos a través de PCR, descartando los detectados por test serológicos (tanto activos como asintomáticos).
Al hilo de esto, el lunes 27 el ministro Illa comentó durante su comparecencia ante los medios los resultados de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que situaba a España entre los países en los que se hacían más test de coronavirus. Concretamente, y según la gráfica de la OCDE, España era el octavo país que más test había realizado por persona (28,6 por cada 1.000 habitantes).
Sin embargo, la publicación de la gráfica reveló que este dato era erróneo, ya que en la misma se mostraba que los datos correspondientes a las pruebas de PCR por cada 1.000 habitantes en todos los países excepto en el caso de España, en el que la información reflejada no diferenciaba el número de PCR (1.035.222) de los test rápidos realizados (310.038), es decir, se hizo el cómputo en función del total de pruebas.
Ante el desconcierto producido por esta información, el Ministerio de Sanidad solicitó a la OCDE una aclaración respecto a la forma en las que este organismo realiza la recogida de datos en otros países, con el objetivo de aclarar el resultado de la gráfica. Tal y como se recoge en el comunicado emitido al respecto por la Secretaría de Estado de Comunicación, "la OCDE ha realizado su propio gráfico con test de diagnóstico conjunto, sin discriminar técnicas, mientras que España envió los datos desglosados, sin indicar en ningún caso a la OCDE qué tipo de datos debía utilizar para sus informes".
La respuesta de la OCDE se produjo al día siguiente en forma de un comunicado en el que lamentaba "la confusión creada en una cuestión sensible por un debate sobre cuestiones metodológicas", y se adjuntaba una nueva tabla comparativa con los datos actualizados de los 36 estados miembros de la organización (tomados de la plataforma Our World Data, OWID) y según los cuales, España, con 22,3 test por cada 1.000 habitantes (ligeramente por debajo de la media, situada en un 23,1) pasaba a ocupar el puesto 18 de la lista.
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Citar este artículo: Gradual, por provincias, asimétrico y en cuatro fases: así es el plan de desescalada en España - Medscape - 29 de abr de 2020.
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