El desconfinamiento infantil y el "control" de la curva marcan el inicio de la tercera prórroga del estado de alarma en España

Carla Nieto Martínez

22 de abril de 2020

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MADRID, ESP. Con la extensión del estado de alarma hasta el 11 de mayo, aprobada por el Congreso los Diputados el lunes 27 de abril, España encarará la tercera prórroga de esta situación derivada de la crisis de la COVID-19 en un contexto marcado por la estabilización de unas cifras que, sin embargo, siguen siendo elevadas más de dos meses después de la detección del primer caso en el país y tras permanecer la población seis semanas en confinamiento.

"Estamos en la segunda etapa de la gestión de la pandemia, en la que el objetivo es doblegar la curva. Los resultados demuestran la efectividad de las medidas de confinamiento contempladas en el estado de alarma decretado. No estamos en una fase de desescalada, sino que se mantiene el confinamiento, aunque se contempla adoptar algunas medidas de alivio en base a la evolución de la pandemia", afirmó el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia del 21 de abril.

Las cifras del miércoles 22 marcan un nuevo repunte respecto al reporte "positivo" del pasado lunes 20 de abril, cuando se registró la cifra más baja en víctimas mortales (399) desde el inicio de la crisis sanitaria. Concretamente, los datos reflejan un total de 208.389 contagiados (4.211 más que el día anterior); 21.717 fallecidos (435 más), y 85.915 pacientes recuperados (304 más respecto al dato previo).

En la comparecencia diaria del Comité de Control de la Gestión Técnica del Coronavirus, su director, el Dr. Fernando Simón, calificó la evolución de la pandemia de "correcta" y añadió que "disponemos de una de las capacidades necesarias para empezar a pensar en una transición: la de diagnosticar y aislar correctamente los casos según sean graves, leves o muy leves".

Material defectuoso y más de 30.000 sanitarios infectados

Los problemas con el material para combatir la pandemia (mascarillas y test defectuosos), los vaivenes respecto al aligeramiento de las medidas de confinamiento de la población infantil y el tan anunciado (y, de momento, no ejecutado) estudio de seroprevalencia poblacional, son las principales cuestiones que han centrado la gestión de la pandemia en los últimos días.

En relación a la falta/deficiencia de material, es inevitable vincularla al elevado número de sanitarios infectados por COVID-19 (33.153 a fecha 22 de abril, 1.365 más respecto a la jornada anterior), lo que supone alrededor de 15,57% del total de contagios. Se trata de un dato que no suele comunicarse en el recuento diario de cifras a no ser que se pregunte expresamente por él, de ahí el interés de la referencia al mismo incluida en el documento técnico-científico de actualización sobre la enfermedad por coronavirus publicado por el Ministerio de Sanidad el 17 de abril.

En dicho documento se atribuye el "alto contagio" de los profesionales sanitarios españoles a varios factores.

Por un lado, a que en la fase inicial del desconocimiento de la enfermedad, la transmisión de casos asintomáticos puedo generar casos entre aquellos indebidamente protegidos.

"Del mismo modo -continúa el documento- esta transmisión por escasa protección pudo ocurrir posteriormente por el grave problema mundial de desabastecimiento de equipos. En un escenario de transmisión comunitaria sostenida, aun con medios suficientes para protegerse en el entorno laboral, los sanitarios también podían haber contraído la infección en la comunidad o en el centro sanitario en zonas en las que no utilizaban equipos de protección".

Asimismo, en el documento se reitera el mensaje que siempre transmiten los portavoces oficiales cuando surge este tema en las comparecencias: "Tanto las cifras de hospitalización como de ingreso en UCI son muy inferiores en sanitarios, lo que se refleja en las tasas de mortalidad, que no alcanzan el 0,2% frente a un 10,5% en los casos confirmados notificados en esta fase de epidemia".

Observatorio COVID-19 para protección de facultativos

Sin embargo, el tema de las "mascarillas fake", que es como se conoce el, de momento, último episodio relacionado con la adquisición de material defectuoso, ha vuelto a poner en primer plano la falta de protección de los sanitarios.

En este caso se trató de una partida (más de 350.000 unidades) de mascarillas FPP2 de la empresa Garry Galaxy, incluida en el listado de fabricantes de material sanitario autorizado por China, pero que no cumplen con ninguna clasificación indicada en la norma de la Asociación Española de Normalización, y cuya alerta se comunicó después del reparto de las mismas y de su uso por parte de los profesionales, "un hecho intolerable que no solo genera más desconfianza en la acción del gobierno sino que se suma a la situación de indefensión a la que están sometidos los profesionales sanitarios", tal y como se recoge en el documento a través del que el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos (CGCOM) anunció su intención de posicionarse como acusación particular en aquellos casos de contagio derivados del uso de este material.

Asimismo, y tras recordar que el número de sanitarios fallecidos es de 34 (a fecha del 17 de abril), los representantes del CGCOM señalan que "es obligado exigir que todos los casos que indiquen la situación de baja laboral (IT) por infección SARS-CoV-2, se consideren accidente de trabajo sin ningún tipo de laberinto legal y sin ninguna consideración que se aleje de este reconocimiento".

También se comunicó por esta vía la puesta en marcha desde los Colegios de Médicos de un Observatorio COVID-19 para la evaluación del impacto de la infección en los profesionales y como plataforma de futuras acciones derivadas de esta pandemia (jurídicas, profesionales y de protección social).

Volviendo al tema de las mascarillas defectuosas, actualmente, y para determinar la posible afectación que haya podido tener su uso, varias consejerías de salud y sindicatos médicos han solicitado la realización de test para sus profesionales. Además, la mayoría de las Comunidades Autónomas han puesto en cuarentena a los sanitarios que utilizaron este material y ya se empiezan a conocer algunos resultados de los test a los que han sido sometidos (76 sanitarios infectados tras el uso de las mismas en el caso de Galicia; 12 en la provincial de Cádiz, en Andalucía…).  

Al hilo de esto, el lunes 20 de abril la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comunicó su decisión respecto al recurso presentado el pasado 26 de marzo por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en relación con la falta de material (batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos). El Supremo decidió ordenar al Ministerio de Sanidad "la adopción de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar, efectivamente, la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios", al tiempo que le insta a informar quincenalmente a la Sala sobre dichas medidas.

A vueltas con el "desconfinamiento" infantil

Sin duda, han sido las "idas y venidas" respecto a la decisión de permitir que los niños puedan salir de sus domicilios la cuestión que ha protagonizado el debate mediático, social y político en las últimas horas.

El martes 21 de abril, la portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que "a partir del 27 de abril, los menores de 14 años podrán acompañar a un adulto en las actividades contempladas en el estado de alarma: desplazamientos a supermercados, farmacias o entidades financieras. Esta decisión no supone que estemos relajando las medidas; es responsabilidad de los adultos que los menores cumplan las restricciones en curso, para evitar así consecuencias no deseadas".

Este anuncio suscitó de forma casi inmediata la protesta unánime por parte de todos los sectores de la población, incluidos los socios del actual gobierno y, también, de la comunidad científica. Así, horas después, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) emitió un comunicado en el que se refleja que lo más adecuado, por razones sanitarias, es la salida de los niños a dar un breve paseo al aire libre, donde las posibilidades de contagio son menores que en los espacios cerrados, con un adulto que garantice su seguridad y por un periodo de tiempo determinado.

"Las razones que fundamentan su salida son la posibilidad de esparcimiento en espacios abiertos, realización de actividad física y recibir luz solar, entre otras. Los niños están más seguros cuanto más alejados se encuentren de los espacios pequeños cerrados. Observamos con preocupación cómo no se respeta la distancia de seguridad en muchas ocasiones dentro de los establecimientos cerrados entre los adultos", dice el comunicado.

Los pediatras recuerdan también que en la actual situación epidemiológica, los menores deben permanecer alejados de los adultos "que en muchas ocasiones desconocen, por la escasa realización de pruebas diagnósticas, si están contagiados, convalecientes o inmunizados y también, por el momento, deben permanecer alejados de los otros niños, alejamiento que no es posible en los espacios cerrados".

Ante el descontento e incertidumbre creados por el anuncio de la ministra Montero, el titular de Sanidad, Salvador Illa, compareció horas después para rectificar el mensaje y anunciar para el próximo fin de semana la emisión de una orden, efectiva a partir del domingo 26, por la que se autoriza que los menores de 14 años salgan de sus hogares "para dar paseos". Sin embargo, y preguntado acerca de las condiciones de los mismos (duración, zonas, acompañamiento y, sobre todo, la necesidad de que los niños lleven o no mascarillas o guantes), Illa señaló que éstas se están valorando de forma conjunta con la vicepresidencia de Asuntos Sociales "y se darán a conocer en los próximos días". 

"Desescalado" y estudio epidemiológico de seroprevalencia

El 8 de abril se anunció la puesta en marcha de un estudio epidémico de seroprevalencia con el objetivo de determinar el grado de inmunización de la población española. El diseño del estudio, realizado de forma conjunta por el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística (INE), contempla la realización de 90.000 test en un total de 36.000 hogares de las distintas Comunidades Autónomas.

Desde el principio se han vinculado los resultados de dicho estudio a las potenciales medidas de alivio o desconfinamiento de la población. Sin embargo, y ante la tercera prórroga del estado de alarma, la falta de noticias respecto a los datos de esta investigación ha empezado a suscitar inquietud.

Preguntado sobre el punto en el que se encuentra actualmente este estudio, Fernando Simón reconoció la existencia de un retraso en su puesta en marcha: "Se trata de un trabajo complejo, en el que aún falta hacer algunos ajustes de coordinación entre las distintas autonomías y solucionar cuestiones logísticas. De todas formas, y aunque se trata de un parámetro muy importante, no va a ser el único que se va a tener en cuenta para establecer medidas de desescalada".

Simón apuntó que está previsto que el estudio comience finalmente en los próximas días (algunas fuentes concretan su inicio entre el 27 y el 28 de abril) y que su duración sea de 8 semanas, lo que en la práctica supondría que los resultados serían posteriores a la hipotética "vuelta a la normalidad" apuntada por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso del 22 de abril y que definiría un nuevo escenario, posiblemente, a partir de la segunda quincena de mayo.

Respecto a la existencia de un plan de acción prefijado en función del cual se vaya a realizar la pretendida desescalada, Simón comentó que "existen muchas opciones sobre la mesa que deben ser valoradas desde el punto de vista multidisciplinar. Ofrecer fechas concretas sería imprudente".

En relación con las medidas de "alivio" anunciadas por el ministro Illa, Fernando Simón señaló que éstas tienen sentido una vez se ha producido el descenso de la curva de transmisión, siempre y cuando ello no implique un aumento del riesgo de contagio, e hizo hincapié en la necesidad de que la población se conciencie de que, si hasta ahora la consigna a seguir era la de quedarse en casa, el posible escenario futuro de la gestión de la pandemia va a implicar "situaciones en las que la responsabilidad individual jugará un papel determinante".  

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros del 21 de abril decidió la fijación del precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas: 0,96 euros, IVA incluido, "una medida adoptada con el objetivo de evitar abusos", señaló el ministro Illa.

Por otro lado, han empezado a desmontarse algunas de las instalaciones habilitadas para atender a las demandas asistenciales y sociales derivadas de la pandemia. Así, el 17 de abril se cerró el pabellón 7 de IFEMA (uno de los dos que se abrieron para atender a los afectados derivados de los hospitales), y el miércoles 22 se ha producido la clausura, mediante un acto institucional, de la morgue provisional instalada en el Palacio de Hielo de Madrid, que se hizo cargo del elevado número de víctimas mientras se solucionaba el colapso experimentado por las funerarias y que ha albergado un total de 1.146 féretros a lo largo de un mes. Sigue en uso otra de las tres morgues adaptadas en la capital (situada en el Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia). 

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