Iberoamérica frente a la COVID-19: ¿cómo siguen las curvas?

Matías A. Loewy; Pablo Hernández Mares; Carla Nieto Martínez; Roxana Tabakman

20 de abril de 2020

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España

¿Cuándo se reportó el primer caso?

El 31 de enero el Centro Nacional de Microbiología confirmó el primer caso registrado en el país: un ciudadano alemán que formaba parte de un grupo de turistas que habían viajado a la isla de la Gomera, en Canarias, en la última semana de enero, y que se había contagiado en su país de origen. El 10 de febrero se detectó un segundo caso: un ciudadano británico que pasaba sus vacaciones en Palma de Mallorca.

¿Cómo va la curva de casos?

El 26 de febrero, el mismo día que se informaba del primer caso de COVID-19 en Latinoamérica, marca el inicio oficial de la transmisión comunitaria en España, a partir del reporte en Sevilla de la prueba positiva de un hombre de 62 años que no había viajado a ninguna zona de riesgo. Desde entonces la pandemia se fue extendiendo por todo el país, descontrolándose bruscamente a partir del 8 de marzo y alcanzando su punto más álgido (hasta la fecha) el pasado 31 de marzo, cuando se registraron 9.222 casos nuevos respecto al día anterior.

Los últimos datos confirman la tendencia a la desaceleración iniciada los primeros días de abril. Sin embargo, las cifras del 15 de abril reflejan un repunte del total de casos (177.633, 5.092 más en 24 horas, frente a 3.045 que se habían registrado el 14 de abril); un ligero descenso en el número de fallecidos (523 más frente a los 567 del día anterior, ascendiendo el balance a 18.579), y un total de 70.853 pacientes dados de alta desde la declaración de la epidemia.

España está doblando la curva tras alcanzar el pico recientemente, confirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa del 14 de abril, haciendo especial hincapié en que la población española sigue en fase de confinamiento, que es de las más estrictas de las que se están aplicando en el contexto de los países europeos.

En línea con esto, como informaron muchos medios españoles en su análisis del mes de confinamiento, actualmente España es el país con más fallecidos por cada millón de habitantes (380/millón), seguida de Italia (338), Bélgica (337), y Francia (229). Con relación a la tasa de incidencia de casos, supera los 370 por cada 100.000 habitantes.

¿Cuáles son las medidas que se implementaron para controlar la pandemia?

El 25 de febrero, coincidiendo con la detección de los primeros casos nacionales y en línea con las medidas que adoptaron otros países, el ministerio de Sanidad aconsejó que las personas procedentes de las que en ese momento se consideraban zonas de riesgo (China, Corea del Sur, Singapur, Irán, y cuatro regiones del norte de Italia) controlaran la posible aparición de síntomas (tos seca, fiebre, y dificultad para respirar).

Sin embargo, en un inicio las autoridades minimizaron la amenaza. El Dr. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, reconocido epidemiólogo, señaló el 31 de enero: "Creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado". Incluso cuando ya se habían detectado 30 casos en el país (28 de febrero), señaló:[1] "El riesgo está perfectamente delimitado; no es un riesgo poblacional". Tampoco desaconsejó participar de las numerosas manifestaciones que se celebraron en España el 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, y que precedieron el ascenso abrupto de casos.

El 10 de marzo sanidad pasó a un escenario de contención reforzada en las zonas de alta transmisión, mientras que regiones como Madrid, País Vasco o la comunidad valenciana, empezaron a adoptar medidas concretas: cese de la actividad en todos los niveles educativos, bloqueo del acceso a visitas en residencias de adultos mayores; cancelación de festejos y eventos, y reorganización de sus respectivos sistemas sanitarios (en España, las competencias de sanidad están transferidas a las 17 comunidades autónomas).

Finalmente, el 14 de marzo el gobierno decretó el estado de alarma que implicaba, entre otras medidas, el confinamiento de la población, en principio hasta el 9 de abril, plazo que fue prorrogado recientemente hasta el 26 de abril, y que, según explicó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, podría extenderse hasta el 11 de mayo, aprovechando la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el 22 de abril.

Por otra parte, entre el 29 de marzo y el lunes 13 de abril el gobierno dispuso la denominada "hibernación de las actividades no esenciales", que limitó las actividades y movimiento de la población a una serie de servicios considerados esenciales. También dispuso el reparto de un total de 10 millones de mascarillas higiénicas a los usuarios de los medios de transporte de todo el país, mientras fortaleció mensajes destinados a promover la distancia social y la adopción de medidas de higiene.

¿Cuál ha sido la respuesta del sistema sanitario?

Tras la detección del primer caso en el territorio español, el ministro de Sanidad, Illa, declaró el 1 de febrero que la sanidad pública española estaba preparada para hacer frente a cualquier eventualidad, mensaje reiterado en comparecencias posteriores.

Sin embargo, la explosión de casos puso al borde del colapso al Sistema de Salud. Durante muchos días la presión y la tensión asistencial en las unidades de cuidados intensivos fueron las principales preocupaciones de los responsables de la gestión de la crisis. Ante la saturación de estos servicios se adoptaron decisiones tales como refuerzo de las plantillas y cierre de muchos centros de atención primaria, con el objetivo de que estos profesionales cubrieran las necesidades asistenciales de los numerosos hospitales de campaña que se instalaron.

La falta de respiradores fue otro grave problema. Desde finales de marzo la situación ha mejorado, relajándose de forma significativa la presión en los cuidados intensivos y desmontándose la mayoría de los hospitales de campaña.

También emergieron dos cuestiones no resueltas en lo que respecta a la eficacia de la gestión sanitaria de la COVID-19: el alto número de decesos en las residencias de adultos mayores y la elevadísima cifra de profesionales sanitarios contagiados: 27.558 al 15 de abril (886 más en un día), lo que coloca de nuevo a España a la cabeza de los datos mundiales.

Muchas sociedades médicas y científicas han emitido comunicados donde además de evidenciar la situación reclaman tanto la realización de pruebas como la facilitación de equipos de protección individual, ya que atribuyen a ambos elementos la alta incidencia de la enfermedad entre los sanitarios.

¿Cuáles han sido las políticas de testeo?

Desde el inicio de la epidemia-pandemia se indicó la realización de pruebas de diagnóstico basadas en la reacción en cadena de la polimerasa en pacientes que presentaran infección respiratoria aguda con criterios de ingreso hospitalario o ya ingresados. También para cuadros respiratorios agudos de cualquier nivel de gravedad dentro del personal sanitario, sociosanitario y trabajadores de otros servicios esenciales. Y en personas especialmente vulnerables o de instituciones cerradas (como las residencias de adultos mayores), que presentaran algún cuadro respiratorio.

Estas indicaciones no se han modificado en las sucesivas actualizaciones de los protocolos que ha realizado el ministerio de Sanidad. Sin embargo, su cumplimiento y aplicación en la práctica han supuesto uno de los principales obstáculos a la adecuada gestión de la crisis sanitaria.

La realidad refleja que no se han realizado las suficientes pruebas debido principalmente a la continuada escasez y/o carencia de estas y de centros habilitados para llevarlas a cabo, a lo que hay que sumar el uso de una importante partida de pruebas rápidas de detección de antígeno importadas desde China, que eran defectuosas.

En su comparecencia del 15 de abril, el Dr. Simón admitió que se había producido cierta variabilidad en el número de pruebas realizadas, debido principalmente a la falta de las mismas, "pero desde hace varias semanas el número de pruebas diarias de es 20.000, y la idea es incrementarlas". El gobierno ha decidido intervenir los laboratorios de titularidad privada con la intención de asegurar la disponibilidad de las pruebas en los casos en los que están indicadas, y de controlar su precio.

Por otro lado, y en cuanto a las pruebas de detección de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 que el gobierno anuncia desde hace aproximadamente un mes, con el objetivo de conocer el estado inmune de la población, la idea es llevarlas a cabo en un total de 30.000 familias seleccionadas por el Instituto Nacional de Estadística.

¿Cuál ha sido la aceptación y eficacia preliminar de las medidas?

Cuando se cumple un mes de la entrada en vigor del estado de alarma, el descenso de los porcentajes, sobre todo de los nuevos contagios (que ha pasado de 20% alcanzado el 24 de marzo a 2% actual) evidencia, para los responsables del comité científico asesor del gobierno, la eficacia de las medidas de confinamiento, opinión compartida por el resto de las voces expertas en el tema, aunque muchas de ellas lamentan que esta estrategia no se haya establecido antes.

El Dr. Simón opina que el hecho de que las medidas se hayan implantado de forma homogénea en todo el país ha sido determinante en esta efectividad, aludiendo a uno de los principales temas que actualmente es objeto de debate: la posibilidad de que los niños puedan salir a la calle durante un tiempo determinado a diario, propuesta por los responsables de algunas comunidades autónomas.

¿Qué se espera para las próximas semanas?

"El objetivo actual es seguir con las normas de higiene, contención y aislamiento social, y conseguir que la curva se mantenga", expresó el Dr. Simón, advirtiendo que la modificación de hábitos y del estilo de vida impuesta por las circunstancias será clave tanto para conseguir seguir doblegando la curva como para definir las líneas de actuación futuras en las que ya hay que empezar a pensar.

En este contexto, la decisión del poner fin al periodo de "hibernación de las actividades esenciales" propició que voces autorizadas del ámbito científico y sanitario se manifestaran en contra de esta medida, apuntando todas en la misma dirección: implica un riesgo más que probable de una nueva oleada de contagios, debido principalmente a mayor movilidad de la población.

Dr. Ignacio López-Goñi

A este respecto, el Dr. Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, comentó a Medscape en español que "probablemente sea inevitable una segunda oleada. Ya ha ocurrido en China y en Corea del Sur. Es muy probable que el virus no desaparezca y se quede entre nosotros, dando lugar a sucesivos brotes. Por eso, la pauta no puede ser quedarnos confinados hasta que desaparezca porque, como digo, es muy posible que esto no ocurra. El objetivo debe ser recuperar la capacidad asistencial del sistema sanitario, proteger a los más débiles y susceptibles (las personas mayores y con patologías previas) y disponer de pruebas de diagnóstico que nos permitan hacer un seguimiento de los casos que vayan ocurriendo, y aislarlos".

El especialista añadió: "Por otro lado, el desconfinamiento deberá ser progresivo, secuencial y reevaluable; quizá haya que dar pasos atrás y no tiene que ser igual en todas las regiones, sino que dependerá de la situación epidemiológica y poblacional. Por poner un ejemplo: se podrían ir permitiendo salidas para hacer deporte individual o pasear con niños, siempre que se mantengan medidas de higiene y distanciamiento concretas".

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