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MADRID, ESP. Ligero descenso de fallecimientos, menor progresión en el incremento de contagios y una preocupante situación en las Unidades de Cuidados Intensivos. Estas son las principales conclusiones arrojadas por la actualización de datos correspondiente al lunes 30 de marzo por parte del Comité Técnico de Dirección del Coronavirus en España.
Concretamente, los datos reflejan un total de 85.195 contagiados (lo que sitúa a España, de nuevo, por encima de China, esta vez en cuanto al número de casos); 7.340 personas fallecidas (812 personas en un día) y 5.231 pacientes ingresados en la Unidades de Cuidados Intensivos. El dato más positivo de esta serie es que el porcentaje de altas ha alcanzado el 20% (16.780 en total).
Estos datos suponen una pequeña ralentización respecto a las elevadas cifras registradas el pasado fin de semana, durante el que se alcanzaron varios records, sobre todo en cuanto al número de fallecidos y, además, apuntan a un cambio de tendencia en lo que a incremento de casos se refiere, tal y como explicó la Dra. María José Sierra, portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Frente al 20% en 24 horas en el que se situaba el incremento de casos el pasado 25 de marzo se ha pasado al 12% actual".
Según comentó la Dra. Sierra, este descenso de la progresión es atribuible a la adopción de las medidas de aislamiento social implantadas en el país hace dos semanas, las cuales están demostrando su efectividad.
Precisamente, y con el objetivo de reforzar estas medidas, el Gobierno de España anunció el sábado 28 un endurecimiento de las condiciones establecidas respecto al confinamiento dentro del estado de alarma implantado actualmente en el país, que, en principio, se extenderán hasta el próximo 9 de abril y por las que se limitan las actividades y movimientos de la población a una serie de servicios considerados esenciales y que se recogen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de marzo.[1]
Tensión y presión asistencial en las Unidades de Cuidados Intensivos
Durante su comparecencia, la Dra. Sierra comentó que, a día de hoy, lo que más preocupa a los responsables de la gestión de la crisis sanitaria es la presión a la que están sometidas las Unidades de Cuidados Intensivos ya que, aunque la tendencia de los contagios se está reduciendo, "hay que tener en cuenta que desde que una persona se infecta hasta que ingresa en la Unidades de Cuidados Intensivos pueden pasar de dos a tres semanas, a lo que hay que unir que la estancia en estas Unidades suele ser larga; por eso, se prevé que la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos va a ser importante en las próximas semanas".
En línea con esto, María José Sierra destacó el esfuerzo asistencial que se está realizando en general para aumentar la capacidad de camas en estas Unidades, sobre todo en aquellas Comunidades Autónomas en las que registran más casos: Cataluña (1.512 pacientes ingresados) y Madrid (1.460). "Es ahí donde tenemos que centrar los mayores refuerzos y por ello estamos en continuo contacto con los responsables sanitarios de estas regiones".
Preguntada respecto a la posibilidad de trasladar recursos, personal y enfermos entre las Unidades de Cuidados Intensivos de distintas Comunidades Autónomas como posible medida (barajada por algunas fuentes) para aliviar la presión asistencial de estas Unidades, la Dra. Sierra, señaló que ya se está produciendo el traslado de material sanitario (respiradores principalmente), "y actualmente se está valorando la posible derivación de pacientes".
Ya en la rueda de prensa anterior, el 29 de marzo, el Dr. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, hizo hincapié en la existencia de seis Comunidades Autónomas cuyas Unidades de Cuidados Intensivos se encontraban al límite de su capacidad y anunció que había otras tres CCAA que estaban cercanas a encontrarse en la misma situación, aunque obvió especificar de cuáles se trataba, afirmando que prefería que fueran las propias Comunidades Autónomas las que explicasen su propia carga asistencial.
Simón señaló al respecto que se estaban poniendo en marcha todas las medidas necesarias para reducir el número de casos nuevos y dar margen a estas Unidades "ya que, aunque el número de nuevos ingresos se haya reducido, está aumentando la permanencia de los pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos".
Sin embargo, en las horas posteriores a esta comparecencia, algunos profesionales y representantes de distintas Comunidades Autónomas matizaron el dato arrojado por Simón, negando que la situación de sus Unidades de Cuidados Intensivos fuera la de estar "al límite". No obstante, y en vista de los nuevos datos aportados, no hay duda que la situación de estas unidades asistenciales se ha convertido en una preocupación prioritaria, sobre todo de cara a los próximos días.
15% de los afectados son sanitarios
María José Sierra actualizó también el dato referente al total de profesionales sanitarios afectados por la enfermedad, que ha pasado en 24 horas de 11.732 a 12.298, un porcentaje muy elevado, que supone el 15% del total de pacientes y que resulta aún más llamativo si se compara con el de Italia (alrededor del 8,67% de sanitarios infectados) o el de China (un 4,2%).
La Dra. Sierra manifestó su preocupación por este dato, y señaló que entre el 85 y el 90% de los sanitarios contagiados se encuentran actualmente en tratamiento domiciliario y recuperándose favorablemente en la mayoría de los casos.
Precisamente, uno de los últimos sanitarios en dar positivo en el test de la COVID-19 ha sido Fernando Simón, quien desde el inicio de la gestión de la crisis sanitaria ha ejercicio de portavoz del Comité Técnico de Dirección del Coronavirus, siendo sustituido en este cometido por la Dra. Sierra.
En línea con esto, hay que lamentar hasta el momento el fallecimiento de al menos cinco facultativos como consecuencia de esta enfermedad: una médico de familia de 58 años, en Salamanca; un médico de familia de 63 años, en Córdoba; un especialista en salud laboral de 65 años en Albacete; un especialista en ORL de 64 años, en Barcelona; y una médico de familia de 28 años, en Cuenca (estos tres últimos durante el pasado fin de semana). A ellos hay que unir el fallecimiento hace unas semanas de una enfermera y de una farmacéutica en activo el 29 de marzo.
Ya en la comparecencia del pasado sábado 28 de marzo se preguntó al Dr. Simón sobre la elevada y creciente incidencia de casos en la profesión sanitaria. Según comentó entonces el experto, sólo el 8,8% de los profesionales afectados requiere hospitalización, "un porcentaje muy inferior al del resto de los pacientes, que se sitúa en el 42,5%".
La polémica se desató al afirmar Simón que "entre el personal sanitario se identifican casos leves o incluso asintomáticos, debido a la capacidad para hacer pruebas y la necesidad de mantenerlos en el servicio. Esto hace que cuando hay un profesional infectado, todos los que están alrededor sean testados y se identifican los positivos".
Estas declaraciones desataron una oleada de desmentidos desde distintos foros profesionales, todos ellos en la línea de que, precisamente, la falta de test entre los profesionales sanitarios es actualmente uno de los problemas más acuciantes planteados por el abordaje de la pandemia.
Uno de ellos fue el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), que a través de su cuenta de Twitter manifestó, en relación a las declaraciones del Dr. Simón que "al menos en Madrid, es falso que se haga la PCR a los médicos en contacto con los positivos".
La polémica suscitada llevó a Simón a reconocer, en su comparecencia del domingo 29 de marzo, que sus palabras podían haber transmitido una idea generalización de una práctica que "actualmente, puede que sea aplicable sólo a situaciones concretas", aunque reiteró que la realización de test se tiene que entender como una protección necesaria para asegurar el bienestar de los profesionales.
Test de detección rápida fallidos: 48 horas de versiones y contradicciones
Al margen de los datos ofrecidos al inicio de lo que supone la tercera semana de confinamiento de la población española, estipulada por la situación de alarma vigente, el foco mediático de la gestión de la pandemia durante el pasado fin de semana estuvo centrado en la cuestión de los "test defectuosos".
Cuando aún no se habían apagado los ecos del doloroso hito alcanzado el pasado miércoles 25 de marzo por España, al superar las cifras de personas fallecidas a las arrojadas por China, un nuevo episodio irrumpió en el escenario del abordaje de la pandemia en el país: a lo largo de la mañana del jueves 26 varios medios recogían la noticia de que los test rápidos de detección de antígeno que el Gobierno había importado desde China eran defectuosos.
Las primeras noticias apuntaban a que se trataba de una partida de 90.000 pruebas que habían demostrado una sensibilidad del 30% (ésta debería ser del 80%). Así lo habían podido constatar los profesionales de varios hospitales madrileños en los que se habían distribuido las pruebas al comparar los resultados arrojados por estos test con los de las muestras de pacientes testados con la técnica de PCR. La consecuencia de esta baja sensibilidad es un aumento de las probabilidades de obtener falsos negativos.
A partir de ese momento, se fueron sucediendo distintas versiones oficiales de lo ocurrido. Las primeras apuntaban directamente a China, cuya embajada se apresuró a explicar a través de su cuenta de Twitter que la empresa fabricante, Shenzen Bioeasy Biotechnology, no había conseguido todavía la licencia de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos, por lo que no se encontraba en la lista oficial de empresas recomendadas por el gobierno chino para este tipo de materiales. Fuentes del gobierno español afirmaron entonces que la compra se había hecho a través de un proveedor nacional, del que no se dieron más datos.
Las explicaciones continuaron (solapándose en algún momento) hasta confirmar el Ministerio de Sanidad que el total de test fallidos adquiridos eran 58.000, y que el fabricante los iba a reemplazar por 640.000 unidades de "un nuevo modelo de test".
El sábado 28, preguntados los representantes del Comité Técnico sobre esta cuestión y, concretamente, sobre el precio de los test y el hecho de que, a pesar de tratarse de una empresa sin licencia, se volviera a confiar en ella, la "respuesta" de Patricia Lacruz, directora general de la Cartera Básica y Farmacia del Ministerio de Sanidad, fue que “todos los pedidos se realizan a fabricantes o en su defecto, si no llegamos a ellos, vamos a distribuidores o intermediarios de empresas".
El -de momento- último capítulo de esta cuestión ha sido el comunicado emitido el domingo 29 a través de la red social WeChat por Shenzen Bioeasy Biotechnology en el que se decía que "dado que se trata de un test rápido, es muy importante seguir el protocolo", dejando entrever la posibilidad de que la causa del fallo fuera que los facultativos españoles no habían seguido estrictamente las instrucciones al tomar las muestras.
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Citar este artículo: COVID-19 en España: la presión en las Unidades de Intensivos, principal reto en un contexto de posible cambio de tendencia en los contagios - Medscape - 30 de marzo de 2020.
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